La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó este lunes la apelación presentada por Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y dos de sus presuntos cómplices, Mustafa al Hawsawi y Walid bin 'Atash, quienes buscaban revivir los convenios de culpabilidad que habían alcanzado con fiscales militares antes de que la administración Biden los anulara.

En un fallo sin firma, el máximo tribunal estadounidense desestimó las apelaciones contra una decisión de un tribunal inferior que impidió a un juez militar hacer cumplir los acuerdos previos al juicio que las partes sellaron en 2024 y que fueron retirados entonces por el secretario de Defensa, Lloyd Austin.

Con el rechazo de la Suprema Corte, la retirada de los convenios por parte del gobierno se mantiene firme. El juez Brett Kavanaugh no participó en la consideración del recurso.

Mohammed, al Hawsawi y bin 'Atash fueron capturados en 2003 y acusados ante una comisión militar por varios delitos relacionados con su presunta participación en la planificación y ejecución de los atentados del 11-S, cinco de los cuales conllevan pena de muerte.

En agosto, el juez que supervisa los casos fijó una fecha de juicio para junio de 2028, sujeta a que las partes cumplan con ciertos plazos y hitos procesales a tiempo. El retraso sitúa el posible juicio a 27 años de los ataques.

Las acusaciones han estado atrapadas en prolongados retrasos legales derivados de la discusión sobre si las pruebas obtenidas durante los interrogatorios pueden ser utilizadas en el juicio. Los detenidos fueron mantenidos en cárceles secretas de la CIA, donde fueron sometidos a lo que el gobierno denominó "técnicas mejoradas de interrogatorio" —es decir, tortura— antes de ser trasladados a Guantánamo en 2006. Fueron formalmente acusados en 2008.

En 2023, tras el nombramiento de la generala de brigada retirada Susan Escallier como autoridad convocante de las comisiones militares, los abogados defensores iniciaron conversaciones sobre posibles convenios con los acusados. Los acuerdos se concretaron en 2024 y fueron aprobados por Escallier, quien supervisa el tribunal militar de Guantánamo.

Bajo los términos de los acuerdos, los acusados se declararían culpables de todos los cargos derivados de su presunta participación en los ataques del 11-S y cumplirían cadenas perpetuas, evitando así la pena de muerte. Sin embargo, poco después de que se anunciara el acuerdo, Austin declaró que lo revocaba.

La autoridad convocante de las comisiones militares aprobó los convenios en 2024, pero la intervención del secretario de Defensa los anuló casi de inmediato.

Un juez militar dictaminó en noviembre de 2024 que la nulificación de Austin era ilegal, lo que validó los acuerdos y los hizo exigibles. Una corte de apelaciones militar posterior indicó que Austin no podía rescindir los convenios porque los acusados ya habían comenzado a cumplir una de las condiciones pactadas.

El Departamento de Justicia solicitó entonces a la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia de Estados Unidos que se pronunciara y determinara que Austin retiró válidamente los acuerdos previos al juicio. El tribunal se pronunció a favor del gobierno y determinó que el secretario de Defensa tenía de manera "indiscutible" la facultad para retirarse de los convenios.

"El secretario actuó dentro de los límites de su autoridad legal, y declinamos cuestionar su juicio", señaló el panel de la Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia.

Los acusados, capturados hace más de dos décadas, enfrentan cargos con pena de muerte en un que ha estado plagado de impases procesales, controversias sobre evidencia obtenida bajo tortura y vaivenes judiciales que han retrasado indefinidamente un juicio que las familias de las víctimas del 11-S llevan años esperando.

Con la decisión de la Suprema Corte, la vía legal para restaurar los convenios de culpabilidad queda cerrada. El caso regresa a su trayectoria original: un juicio previsto para junio de 2028, en el que se discutirá, entre otras cosas, la admisibilidad de las pruebas obtenidas durante los interrogatorios en cárceles secretas.