Después de dos décadas de batalla legal, la periodista Lydia Cacho Ribeiro se enfrentará cara a cara con Mario Marín Torres, exgobernador priista de Puebla, el próximo 20 de octubre, en la audiencia final del penal por su probable responsabilidad en el delito de tortura.

El encuentro se llevará a cabo en el Juzgado Segundo de Distrito radicado en Cancún, Quintana Roo. Marín Torres comparecerá por la vía remota desde el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, donde permanece recluido.

Todo se origina en la detención ilegal y tortura infligida a Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, tras las revelaciones que la periodista publicó en su libro "Los demonios del Edén", donde documentó redes de explotación sexual infantil y los políticos y empresarios implicados en ellas.

La defensa de Cacho busca una sentencia condenatoria para poner fin al iniciado en febrero de 2021.

"Llevamos 20 años dando esta batalla y esperamos que este 20 de octubre podamos ganarla y Mario Marín sea por fin sentenciado por haberme torturado para silenciarme".

Así lo expresó la periodista en un video publicado en redes sociales de Artículo 19 México y Centroamérica, organización que le ha brindado apoyo y acompañamiento legal durante todo el .

"Las razones por las cuales él (Mario Marín) me mandó encarcelar, torturar, perseguir e intentó silenciarme, tienen que ver con su colusión demostrada para proteger a una red internacional de trata y explotación de niñas y niños en México denunciada en mi libro".

Los 20 horas que cambiaron todo

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida en las instalaciones del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) en Cancún, por un grupo de al menos diez personas, entre las que se encontraban tres empleados de Kamel Nacif Borge, apodado "El Rey de la Mezclilla".

La periodista fue trasladada en un trayecto que duró cerca de 20 horas hacia la ciudad de Puebla, acompañada de agentes de la Policía Judicial de Quintana Roo. Durante ese lapso no le permitieron comer ni tomar sus medicamentos, sólo pudo ir al baño en una ocasión y no la dejaron dormir.

Fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales, amenazas de muerte y violencia verbal.

La cadena de complicidad

En las grabaciones telefónicas que llegaron a ser de dominio público, Marín Torres aparecía hablando con Kamel Nacif Borge sobre la detención de Cacho. Sin embargo, la justicia mexicana ha tardado décadas en determinar su responsabilidad directa.

Entre los principales implicados en el caso se encuentran:

• Kamel Nacif Borge, "El Rey de la Mezclilla", quien recibió un amparo en julio de 2021, tras que un tribunal determinara que en las grabaciones telefónicas no había una orden explícita y directa para torturar a Cacho.
• José Adolfo Karam Beltrán, exdirector de la Policía Judicial de Puebla durante el sexenio de Marín Torres (2005-2010), capturado en julio de 2023 en Veracruz después de permanecer prófugo por varios años. Se encuentra en prisión preventiva por su presunta responsabilidad en la planeación y ejecución del operativo.
• José Montaño Heredia, excomandante de la Policía Judicial de Puebla, quien junto con los exagentes Jesús Pérez Vargas y Miguel Mora Olvera recibieron una pena de cinco años y tres meses de prisión que cumplieron en su totalidad, por lo que fueron liberados.

La Corte exoneró; la ONU dijo lo contrario

El 29 de noviembre de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, por seis votos a favor y cuatro en contra, exonerar a Mario Marín al considerar que no se violaron las garantías individuales de Lydia Cacho. Los ministros Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela, Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos votaron a favor de exonerar al político priista, al considerar que sólo se cometieron irregularidades menores, e incluso acusaron a Cacho Ribeiro de mentir en su declaración.

Una década después, en julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución que determinó que el Estado mexicano vulneró los derechos de Cacho Ribeiro a un recurso efectivo, a la igualdad, a la prohibición de la tortura o tratos crueles, a la prohibición de la detención arbitraria y a la libertad de expresión.

El Comité señaló que el trato al que fue sometida durante su traslado constituyó una violación al artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Como consecuencia, en enero de 2019, el gobierno de México ofreció una disculpa pública a Lydia Cacho Ribeiro en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, como parte de la reparación del daño en cumplimiento del dictamen de la ONU.

De la fuga al Altiplano

En 2019 se giraron órdenes de aprehensión en contra de Mario Marín, Kamel Nacif y los mandos policiales implicados. Marín Torres huyó y se escondió por casi dos años, hasta que fue detenido en febrero de 2021 por agentes de la Fiscalía General de la República en Acapulco, Guerrero.

Fue trasladado al penal de Cancún, donde se le dictó auto de formal prisión por el delito de tortura. En 2024, un juez cambió su medida cautelar y lo envió a prisión domiciliaria con brazalete electrónico. La defensa de Cacho impugnó la medida, que fue revocada, y Marín Torres fue regresado al penal del Altiplano, donde permanece actualmente.

El 20 de octubre se decidirá, después de 20 años, si el hombre que desde la silla de gobernador de Puebla operó la colusión para silenciar a una periodista que denunció redes de explotación infantil enfrenta por fin una sentencia condenatoria.